Buenos días a todos, es un placer poder ser parte de esta XXXVI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
Es un honor estar nuevamente en este escenario, pero en esta ocasión para sumarme al pleno de esta capital legislativa de América Latina y el Caribe, como leí en un artículo en el día de ayer de un medio español. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta alta manifestación de la democracia regional.
Con varios de ustedes he tenido la oportunidad de trabajar juntos en los últimos dos años, pero seguramente muchos no conocen la organización la cual represento, Crime Stoppers International, por lo que me parece oportuno contarles que somos una Organización Internacional No Gubernamental formada en Estados Unidos en 1976 con una sede global en La Haya, Holanda, y siete sedes regionales, dedicada acompañar a los gobiernos en la construcción de la seguridad pública y a promover la participación ciudadana responsable en forma anónima, segura y confiable creando una comunidad global que ayuda a resolver un delito cada 14 minutos en la ciudades donde operamos. Nuestra oficina regional para el Caribe, Bermuda y América Latina se encuentra en la ciudad de Panamá.
Según estadísticas mundiales la población no comparte con las autoridades el 70 % de la información que conoce sobre hechos delictivos por miedo de represalias a la denuncia. Por eso desde nuestra organización trabajamos para facilitar a la ciudadanía canales seguros para compartir con las autoridades la información necesaria para prevenir y combatir el delito. Somos un puente seguro entre la gente que tiene información y las autoridades que la necesitan. Si sólo compartimos el 30% de la información que tenemos, no podemos exigirle a las autoirdades que resulevan el 100% del delito de nuestras comunidades. Es un trabajo en equipo.
Nuestra presencia en la región no es casual. Lamentablemente las estadísticas nos demuestran que América Latina es la región más violenta del mundo en tiempos de paz. El continente americano reúne casi el 40% de los homicidios de todo el planeta y casi todos ellos ocurren en América Latina, que concentra apenas 8% de la población mundial. Y este es solo un reflejo de la actividad criminal que amenaza la seguridad de todos los que habitamos esta región.
Estamos convencidos que la manera de afrontar esta situación es de manera multidimensional porque la inseguridad no son solo los homicidios, o femicidios; la inseguridad es la inseguridad alimentaria, la pobreza, la falta de oportunidades, las grandes inequiedades sociales, la falta de empleos, las desigualdades de género, la falta de un techo digno para vivir. Las necesidades sociales generan poblaciones vulnerables que son facilmente convencidas por el crimen organizado para sumarse a sus filas. Nadie quiere ser criminal, las necesidades de subsistencia y las amenazas obligan muchas veces a las personas. Y no es una justificación, es una realidad social y política.
Y por ello, a través de Crime Stoppers buscamos acompañar a los gobiernos de la región en la construcción de la seguridad y de la paz social como base del desarrollo humano, económico y social sostenible, que garantice la calidad de vida de las personas como el centro principal de la agenda. Para eso es indispensable establecer alianzas y trabajar coordinadamente con todos los sectores públicos y privados, la academia, los medios de comunicación, la sociedad civil, la gente, a nivel nacional e internacional, que nos permitan enfrentar estos desafíos de manera mancomunada. 
Y en el PARLATINO hemos encontrado un gran compañero de trabajo. Con ustedes compartimos el principio de “Contribuir a la consecución de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales”. Si bien nuestro vínculo se formalizó en 2021 con la firma de un Memorándum de Entendimiento, nuestra relación se remonta al 2019 cuando presentamos el Proyecto de Ley Modelo para prevenir y combatir el Comercio Ilícito y el Crimen Transnacional Organizado.
Este Proyecto surgió de la necesidad de dar una respuesta normativa al flagelo que significa el comercio ilícito, un fenómeno complejo que incluye pluralidad de jurisdicciones y está íntimamente relacionado con otros delitos de alcance transnacional, compartiendo rutas y logísticas criminales transfronterizas y es delito precedente y herramienta para el blanqueo de capitales.
Debemos entender que el comercio ilícito y la consecuente evasión fiscal impactan negativamente en la recaudación impositiva de los Estados, en la inversión social y contribuyen a la financiación de estructuras criminales transnacionales. Gran parte de la operación del narcotráfico o del propio terrorismo, es financiado por el comercio ilicito ya que ofrece una herramienta de rápida recaudación de dinero que se neecista para financiar la operación diaria del crimen organziado en nuestros países.
Para que puedan dimensionar este problema, según datos de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, el contrabando en América Latina y el Caribe mueve más de 150.000 millones dólares, esto sería como los PBI de Panamá, Uruguay y Costa Rica juntos.
Cuando hablamos de comerio ilícito, no solo hablamos de contrabando de cigarrillos, bebidas alcólihcas o medicamentos, sino que también hablamos de personas, principalmente de mujeres y niñas que usadas como un producto son comercializadas y explotadas sexualmente o laboralmente; esto es trata de personas y todos somos posibles víctimas.
Y así surgió esta Ley Modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada que finalmente se aprobó en febrero de 2021.
Y acá quiero remarcar algo, el trabajo no terminó en la aprobación de la Ley Modelo, sino que iniciamos junto a la Senadora Giacoppo y el apoyo del Presidente Pizarro y el Secretario Elías Castillo un proceso de difusión de la Ley Modelo con actores claves de Panamá y la región. Porque estamos convencidos que las leyes modelo que aprueba el Parlatino no deben solo acrecentar el archivo de esta organización, sino que los invito a trabajar juntos para que todo ese contenido se transfiera en las legislaciones nacionales provocando la tan necesaria armonización legislativa a nivel regional y contribuya a uno de los fines del Parlatino que es la integración regional y el bienestar de las poblaciones de todos nuestros países.
Es importante entender, que un efectivo combate al crimen organizado transnacional, debe hacerse desde una visión región basada en la armonización legislativa, evitando que las estructuras criminales identifiquen las debilidades de cada jurisdicción para transformarlas en oportunidades para sus actividades ilícitas.
Y nuestra organización está a disposición de ustedes para ayudar en estos procesos.
En este sentido propusimos al PARLATINO la creación de un Consejo Interinstitucional Público Privado (CIPP) de Lucha y Prevención del Comercio Ilícito, para asesorar en el análisis, diseño e implementación de políticas y mejores prácticas que promuevan el comercio legal y justo, y en ese sentido, que prevengan y combatan el comercio ilícito y su relación con el crimen transnacional organizado.
Necesitamos centrar nuestra atención y trabajo en los siguientes temas:
1) Corrupción
– Según la CAF el 51% de los latinoamericanos consideran que la corrupción es el principal problema de sus países
– Según el informe de Latinobarómetro 2020, el 57 % de la población cree que la corrupción ha aumentado.
– Las personas que ocupan las instituciones más importantes de la democracia están bajo la sospecha mayoritaria de ser corruptos. El presidente (58%), el parlamento (55%), la policía (50%) y los jueces y magistrados (47%). (Latinobarómetro 2020)
2) Trata de personas
– 110.000 víctimas en 2020 (Statista)
3) Ciberseguridad
– Predicción para 2021 de los costos globales de daños por delitos cibernéticos:
- $ 6 billones al AÑO
- $ 190 mil por SEGUNDO
– Se estima que el costo global anual de la ciberdelincuencia será de $ 10.5 billones para 2025
– Se espera que el ciberdelito sea hasta 5 veces más rentable que los delitos transnacionales globales combinados.
4) Empoderamiento de la mujer
Según el Observatorio de Igualdad de Género la CEPAL, en América Latina y el Caribe:
– El 28% de las mujeres no cuentan con un ingreso propio, frente a un 12% de los hombres.
– 33.6 es el porcentaje de escaños ocupados en los parlamentos nacionales por mujeres.
– 28.5 el porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales
¿Qué estamos haciendo para prevenir y combatir todos estos temas? Se abre una enorme oportunidad de cooperación multisectorial donde la función legislativa juega un rol protagónico, porque el Estado de Derecho requiere leyes para funcionar, pero esas leyes deben ser armonizadas, regionales, modernas y flexibles para adaptarse a los cambios constantes de los contextos en que vivimos.
Muchas gracias por su atención.
