Las estructuras del crimen organizado transnacional, con sus brazos operativos nacionales, han cambiado la dinámica del delito en América Latina y el Caribe. Utilizando a las bandas criminales locales como sus brazos logísticos y armados, o en otros casos, desplazándolas, han logrado penetrar en los países y poner en riesgo la seguridad nacional, el estado de derecho, la democracia, la economía y, en definitiva, el desarrollo humano sostenible de las comunidades.
Para enfrentar este fenómeno, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) adelanta la aprobación de una la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, un marco legal que busca ofrecerle a los países de la región una herramienta no sólo para combatir el comercio ilícito, sino también otros delitos vinculados a este flagelo como sus operaciones en el ciberespacio y el blanqueo de capitales.
La norma fue presentada por el senador argentino Mario Pais, presidente de la Comisión de Seguridad del Parlatino durante el conversatorio virtual denominado “Herramientas regionales para la lucha contra el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada”, que fue organizado por Crime Stoppers International y la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, en el que expertos internacionales se abocaron a desarrollar un debate sobre esta problemática.
El senador argentino destacó que la propuesta del Parlatino es una herramienta destinada a facilitarle a los países de la región la posibilidad de contar con una herramienta legal que les permita hacer frente a las transformaciones que ha registrado el crimen organizado transnacional, en busca de actividades de bajo riesgo, alta demanda y supra ganancias, conformando una economía criminal que tiene actores clave en diferentes jurisdicciones y que ha sido incluso capaz de poner en peligro la salud y la vida de los ciudadanos.
“El comercio ilícito no es un problema solamente de los países por la afectación al fisco o de contrabando o las empresas por el irrespeto a la propiedad intelectual o la competencia desleal que supone, es un problema de toda la ciudadanía, es una afectación global, que pone en riesgo la salud a los consumidores de esos productos y vulnera la confianza pública, por tanto, es un problema de toda la humanidad”, enfatizó el senador Pais.
Destacó que entre esas actividades destacan el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, las extorsiones y el comercio ilícito (contrabando, falsificación y piratería), actividades criminales que necesitan de otras como el blanqueo de capitales y la corrupción para proliferar en una América Latina con altos índices de desempleo, deserción estudiantil, pocas oportunidades de desarrollo profesional, familias desintegradas y una baja cultura de la legalidad.
Por su parte Alejo Campos, director de Crime Stoppers Internacional ,destacó que el comercio ilícito debe preocuparnos a todos porque se ha convertido en una de las formas en que se financia el crimen organizado transnacional y esto impide un desarrollo humano, económico y social sostenible, equilibrado y limpio en la región.
“Es imposible pensar en países desarrollados hacia futuro si no combatimos el crimen organizado y una forma de combatirlo es pegarle a su estructura económica y financiera, y por eso es tan importante hablar de estos temas, ya que una de esas fuentes de financiamiento es precisamente el comercio ilícito”, enfatizó.
Campos destacó igualmente la necesidad de que la academia, a través de las universidades, se sume a esta lucha no sólo diseñando políticas públicas que ayuden a los gobiernos de la región a enfrentar este flagelo, sino también formando a nuevos especialistas en estos temas y ayudando a la estructuración de un ciudadano latinoamericano apegado a una cultura de la legalidad.
Por su parte, el decano de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, Juan Carlos Saiz-Borgo, destacó que la lucha contra el comercio ilícito es una muestra más de lo que estamos viviendo todos los seres humanos día a día, cuando la pandemia de coronavirus nos ha demostrado que no hay problemas nacionales ni soluciones nacionales, pues o construimos soluciones globales, para todos, o simplemente nadie se va poder salvar.
Durante este conversatorio se señaló que el comercio ilícito representa más del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial, lo que representa miles de millones de dólares estadounidenses anuales (tan solo el comercio de marcas falsificadas mueve anualmente $510,000 millones al año), y que, en países de la región, como Guatemala o Panamá, representa una importante pérdida de recursos para el Estado debido al contrabando y la subfacturación.
En este sentido, Werner Ovalle Ramírez, Intendente de Aduanas de Guatemala y vicepresidente de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para América Latina y el Caribe, destacó que el comercio electrónico se ha convertido en un nuevo escenario para la lucha contra el comercio ilícito ya que es uno de los canales que se ha visto favorecido debido a la pandemia de COVID-19. Como ejemplo de ello mencionó que, en Guatemala, a pesar de la baja en las recaudaciones fiscales, es uno de los pocos renglones que está alcanzando sus metas de recaudación.
No obstante, advirtió que el comercio ilícito y la defraudación fiscal no sólo se limita al contrabando o la venta de productos falsificados, sino que incluye además la subfacturación de mercancías, la mala clasificación arancelaria o establecimiento inadecuado del origen de los productos, todo lo cual tiene afectaciones para las recaudaciones fiscales, pero también puede poner en peligro la salud y la vida de los consumidores.
Ovalle Ramírez, destaca que para afrontar este problema se requiere una mayor alianza público-privada, especialmente en materia de intercambio de información que conduzca a las autoridades a combatir de forma cada vez más eficaz estos estos ilícitos.
